Escándalo sanitario: piden intervenir la ANMAT tras detectarse venta ilegal de medicamentos hospitalarios


El Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB) exigió formalmente la intervención de la ANMAT y del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) tras revelarse nuevas irregularidades vinculadas a la causa del fentanilo contaminado. La investigación judicial encabezada por el juez federal Ernesto Kreplak descubrió que la firma HLB Pharma Group SA comercializó propofol y dopamina de manera ilegal y sin controles estatales durante nueve años, utilizando certificados de un laboratorio clausurado desde 2015.

Nueve años sin controles en medicamentos críticos

La pesquisa judicial determinó que las drogas anestésicas e inyectables se distribuyeron en hospitales y centros de salud utilizando registros de la firma clausurada Surar Pharma S.A. Tanto el propofol, un potente anestésico utilizado para cirugías y sedación en terapia intensiva, como la dopamina, empleada en cuadros de shock grave para estabilizar la presión arterial, circularon por el sistema sanitario sin el respaldo técnico ni legal correspondiente.

El titular de SAFyB, Marcelo Peretta, denunció una presunta cobertura estatal que atravesó distintas gestiones políticas y reclamó explicaciones urgentes a las máximas autoridades sanitarias. Según el dirigente, el Estado permitió que se fabriquen y distribuyan estos medicamentos sin garantizar las condiciones básicas de seguridad para los pacientes.

La causa del fentanilo mortal y los pedidos de detención

Este nuevo hallazgo se suma a la causa principal por el fentanilo contaminado elaborado en la planta de Laboratorios Ramallo SA, expediente que investiga el fallecimiento de 90 personas y secuelas graves en más de 40 pacientes. Los fiscales María Laura Roteta y Sergio Leonardo Rodríguez presentaron un dictamen de 191 páginas donde solicitaron indagatorias y detenciones bajo la imputación de adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte, un delito que prevé penas de hasta 25 años de prisión.

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